Agencia de Noticias de Ahlul Bait (ABNA) - En una declaración a News Antara el sábado en Londres, Sam Zarifi, Director de Amnistía Internacional Asia Pacífico, dijo que el gobierno local a evacuado el jueves a alrededor de 335 shiítas incluyendo por lo menos a 107 niños en un camión transportandolos a Nangkrekang, ciudad que también fue saqueada a finales del año pasado. "Estamos preocupados por las condiciones de su pueblo - algunos de ellos incluso ya no tienen un hogar", dijo Sam.
Los evacuados shiítas antes se habían negado a regresar a sus hogares a menos de que la policía les diera la protección adecuada y que la gente que los había atacado fuesen llevados a la justicia. También tenían serias dudas sobre la preparación de la policía para proteger a la comunidad shiíta de futuros ataques por motivos religiosos o de actuar contra los atacantes, dijo.
El pasado 29 de diciembre, una escuela-madrasa, una casa de culto y una residencia de la comunidad shiíta en Nangkrekang, Sampang e Isla Madura, fueron atacadas e incendiadas por una multitud de unas 500 personas que incluso portaban armas blancas. Aunque un día antes de la acción, las fuerzas de seguridad locales quienes ya sabían lo que iba a suceder, no tomaron ninguna medida para prevenir o proteger a la comunidad shiíta y se limitaron sólo a tomar algunas fotografías de los disturbios con las cámaras de sus teléfonos celulares o solo obervaban. La única persona detenida por la policía por los acontecimientos fue posteriormente puesta en libertad y sin cargos.
"Esta no fue la primera vez que la comunidad shiíta ha sido atacada", dijo Sam. "El forzar a regresar a un lugar peligroso sin la protección adecuada o la oferta de un sitio de reubicación alternativa viola los derechos de los desplazados internos acordados por la Comunidad Internacional", dijo Sam.
Después del último ataque, los miembros de la comunidad shiíta fueron evacuados a un refugio temporal en un edificio de deportes en Sampang que al parecen carecía de una fuente suficiente de agua limpia e instalaciones sanitarias adecuadas.
La comunidad shiíta de Madura ha sufrido actos de intimidación y anteriores ataques en 2006 y 2011. Se les informó también de que han sido presionados por los elementos anti-shiítas para convertirse a la fe de la mayoría de los musulmanes de Indonesia, es decir, la versión sunnita del Islam.
Sam ha declarado que Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos de intimidación y violencia contra las minorías religiosas en Indonesia por parte de grupos radicales islámicos. Entre ellos se encontraba el caso de miembros de la comunidad ahmadiya que tuvieron que evacuar sus hogares después de que fueron atacadas y quemadas. En la mayoría de los casos los responsables no fueron sancionados.
Sam señaló que la libertad religiosa o el derecho a abrazar su propia fe era un derecho que estaba garantizado en el artículo 18 (1) de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del cual Indonesia también es parte. "En virtud del PIDCP, Indonesia debe garantizar a su población el derecho a la vida, a la seguridad y la libertad contra la tortura y otras formas de maltrato. La protección se debe dar de manera indiscriminada, o independientemente de, entre otras cosas, la religión de las personas afectadas", dijo Sam.
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